El carácter científico del informe social forense. Consistencia, validez metodológica y mínimos estándares éticos

The scientific quality of the forensic social report. Consistency, methodological validity and minimum ethical standards

Resumen

El artículo trata sobre la cientificidad del Trabajo Social con un horizonte práctico. Su problematización tiene implicancia directa en el Trabajo Social Forense, especialidad ampliamente reconocida en el conjunto de profesiones no-jurídicas dentro de la administración de justicia y gubernamental. Se discuten aspectos que hacen a los modos de razonamiento y a la producción de conocimiento con fines diagnósticos. En particular, se analizan los requerimientos científicos para la elaboración del informe social forense, reuniendo un conjunto de elementos básicos que fueron recopilados e integrados por la autora y expresados sintéticamente en un instrumento de autoevaluación sobre consistencia, validez metodológica y mínimos éticos de informes sociales forenses. Desde un enfoque hermenéutico, se recuperan resultados de investigación propia, fuentes bibliográficas e intercambios y aprendizajes derivados de diversas experiencias de formación profesional.

Palabras clave: informe social forense - consistencia - validez metodológica - mínimos estándares éticos

Abstract

The article addresses the scientific nature of Social Work with a practical horizon. Its problematization has direct implications for Forensic Social Work, a speciality widely recognized among non-legal professions within the administration of justice and government. It discusses aspects related to reasoning methods and knowledge production for diagnostic purposes. Specifically, the scientific requirements for preparing forensic social reports are analyzed, gathering essential elements compiled and integrated by the author and expressed concisely in a self-assessment tool on consistency, methodological validity, and minimum ethical standards of forensic social reports. From a hermeneutic approach, results from the author’s research, bibliographic sources, and exchanges and learnings derived from various professional training experiences are reviewed.

Key words: forensic social report - consistency - methodological validity - minimum ethical standards

Sociedad/ Ensayo

Citar: Krmpotic, C. S. (2025). El carácter científico del informe social forense. Consistencia, validez metodológica y mínimos estándares éticos. Omnia. Derecho y sociedad, 8(1-Especial), pp. 15-28.

Introducción

El Trabajo Social (TS) participa de la función pericial desde los orígenes de la profesión en sintonía con las formas modernas de arbitraje social desde el siglo XIX. Por su parte, el Trabajo Social Forense (TSF) es una especialidad que actúa en situaciones caracterizadas por la interfaz entre los sistemas legales y sociales, y en cualquier circunstancia en que se hayan comprometidos derechos y obligaciones. Se sustenta en el ejercicio de los poderes del Estado por medio de un enfoque sociojurídico que procura articular el bien social y el bien jurídico (Krmpotic, 2013). Participa con la finalidad de proponer fundamentos para la toma de decisiones, a partir de un mandato y en virtud de conflictos, litigios o situaciones adversariales. Asimismo, el informe social forense (ISF) es el producto que sintetiza el desarrollo de una investigación forense con fines diagnósticos (Krmpotic, 2020).
Es un hecho que la cuestión de la cientificidad forma parte de la transformación ocurrida hacia un TS moderno en sociedades urbanas e industriales. Desde Hill, Bosanquet y Loch cuando fundan la Charity Organization Society (COS) en el Reino Unido en 1869, se introduce la capacitación de las visitadoras de barrio en unas habilidades que para la época propendían a transformar la filantropía en profesional y científica, haciendo de aquellos practicantes sujetos capaces de redactar estudios minuciosos que dieran cuenta de las condiciones de vida y necesidades de los pobres. La segunda manera de acción social que desarrolló la sociedad inglesa fue el movimiento de los asentamientos o settlements (SET), una especie de colonias o misiones donde universitarios obtenían vivienda en una residencia a cambio de instruir a los vecinos del barrio en la que esta se encontraba, en su mayoría población obrera. El asentamiento más famoso fundado en 1884 por Henrietta y Samuel Barnett fue Toynbee Hall en el East End de Londres, modelo que también llegará a los Estados Unidos cuando Stanton Coit abre el primero en 1886, en el Lower East Side, uno de los barrios más antiguos de Nueva York, hogar de inmigrantes judíos e italianos.
Efectivamente, la defensa de la investigación estuvo presente en figuras como Addams y Richmond, reconocidas como pioneras de la profesión y representantes de sendos movimientos de reforma (Miranda, 2004). En relación con ello, y en un atrayente análisis, Verde-Diego (2022) retoma a Franklin (1986) cuando este señala que tanto la COS como el SET surgieron de modelos ingleses que abordaron la cuestión de la dependencia ante el pauperismo, el crimen y las discapacidades mentales, procurando una filantropía científica. Eventos sin duda influyentes en países de habla hispana, aunque mediante un traslapo hacia otras realidades muy diferentes de la inglesa, con sistemas sociales nativos devastados por la colonización, unas organizaciones implantadas de raigambre hispano-católica; es decir, lejanas a una caridad y filantropía laica, y con un Estado que desde su concepción colonial desarrolló regulaciones basadas en una ciudadanía de primera y una de segunda, condición que en América Latina buscará ser revertida desde las primeras décadas del siglo XX.
Sin embargo, a pesar de esta identidad histórica vinculada a la investigación científica, los colegas continúan discutiendo sobre ello. En un reciente artículo, Alvarado et al. (2022) analizan algunos de los factores que —desde la experiencia en México— contribuyen, en la actualidad, a alimentar el escepticismo sobre la cientificidad del trabajo social. Esto que los autores plantean como un debate abierto refiere a la debilidad de los/las trabajadores/as sociales para producir conocimientos, y a la sobrevaloración de la experiencia práctica (Cifuentes, 2005; Moreno, 2004). Aluden a la insuficiente formación profesional y al uso de literatura tomada mayormente de Sudamérica, lo que resta a su desarrollo y dificulta la generación de teorías (Ribeiro et al., 2007). Se coincide en que un acercamiento a la producción de conocimiento de la disciplina en otras lenguas, desde otras realidades y formaciones resulta un paso obligado para dotar de mayor cientificidad, conociendo y comparando diversos procesos investigativos en otras latitudes. Por su parte, el encierro de la investigación en espacios académicos, la escasa orientación a la publicación y divulgación, un análisis y construcciones internas insuficientemente contrastadas (Figueroa et al., 2018), hacen de la práctica investigativa una actividad marginal no integrada al ejercicio profesional en los diversos campos de práctica. En este sentido, el estatus científico se evidencia en protocolos de intervención rigurosos y replicables, que permitan impulsar el desarrollo de la investigación científica (López, 2012).
Si bien es discutible sostener una única caracterización del ser científico, para el TS ello podría resumirse en las siguientes particularidades: a) una orientación hacia la investigación aplicada a la solución de problemas sociales; b) que asume responsabilidad social; c) que es transdisciplinar por cuanto podrá utilizar teorías, métodos y técnicas de diversas disciplinas, y heterogénea a partir de diferentes formas de organización del trabajo; y d) que se somete a evaluación y control de calidad para valorar los resultados obtenidos (Gibbons et al., 1997; Jiménez y Ramos, 2009).
Este recupero histórico solo tiene la finalidad de hallar un hilo conductor respecto del problema de la cientificidad y de la tensión teoría-práctica. Con directa implicancia en la tarea forense, implica que la expertise ampliamente reconocida en la administración de justicia en el conjunto de las profesiones no-jurídicas será valorada según criterios científicos. Al respecto, es propósito de este artículo analizar críticamente los requerimientos científicos a los que debe ceñirse la elaboración del informe social forense (ISF), reuniendo un conjunto de elementos básicos que fueron recopilados e integrados por el autor y expresados sintéticamente en el instrumento de autoevaluación “Evaluación de consistencia, validez metodológica y mínimos éticos de informes sociales forenses”² El formulario Eva-base (V.01/2024) elaborado por la autora y con revisión por pares, cuenta con una guía, un glosario y un formulario autoadministrado que presenta tres módulos y un total de 70 ítems a considerar, con dos opciones de valoración: una base cualitativa que puede cuantificarse. La lista de control/checklist presenta para los módulos 1 y 2, cuatro opciones que incluyen el no, parcialmente, sí y no corresponde cuando el ítem no sea requerido o exceda el alcance de la intervención profesional en función del espacio institucional o tipo de solicitud. Por su parte, el resultado del ejercicio de validación metodológica del módulo 3 será bajo, medio u alto. En todos los casos la autoevaluación representará un valor entre un óptimo y un mínimo aceptable (registro de la propiedad intelectual en trámite). Contacto: iniciativaplexus@gmail.com. En este marco, se retoma dicho instrumento para abordar el carácter científico con un horizonte práctico y en tres dimensiones: consistencia, validez metodológica y mínimos éticos. Para ello, y desde un enfoque hermenéutico, se recuperan resultados de investigación propia, fuentes bibliográficas e intercambios y aprendizajes derivados de diversas experiencias de formación profesional.

Carácter científico y modos de razonamiento en las ciencias sociales

¿En qué se fundan las afirmaciones que esgrime el profesional en su ISF? Este es un interrogante habitual en quien solicita la intervención de un o una trabajadora social con un propósito: sea este obtener una descripción general y detallada de una persona, grupo, evento; sea un punto de pericia, o sea una pregunta derivada de la hipótesis judicial. El argumento y su estructura se resumen en el producto escrito que refleja un razonamiento científico. Convengamos que un razonamiento es un proceso mental en el que se parte de una cantidad de premisas/datos para llegar a una conclusión inferida sobre estas. La investigación antes, durante y a posteriori de la intervención profesional es clave para ir actualizando esas premisas que serán base del razonamiento. En la actualidad, esta condición no solamente remite a un componente técnico sino además es obligación ética en el actuar profesional. No se trata de exacerbar un perfil tecnocrático sino de pensar en el beneficio que implica para los usuarios, pues directa o indirectamente provee de un espacio de reflexión y de empoderamiento tanto propio como del asistido, al limitar los efectos perversos de la burocratización y del mero accionar administrativo.

Ya no es aceptable que los trabajadores sociales se involucren en la vida de las personas sin una evidencia que demuestre que lo que hacen puede ser beneficioso o al menos no dañino para quienes son el objetivo de la política o la intervención. (Buchanan, 2009, p. 8)

Asimismo, ¿importa la teoría? Algunas profesiones han desarrollado conocimientos, habilidades y soporte científico con fines prácticos. El TS es una de ellas: forma parte de las llamadas profesiones de cuidado, por lo que implica un trabajo sobre los otros a partir de la manifestación de sus necesidades, colaborando en la tarea de socialización en la conformación de un sujeto tanto regulado como autónomo (o sea, moderno) mediante mecanismos y ritos generadores de prácticas tanto conformistas como liberadoras (Dubet, 2006). En términos de Groys (2022) las y los Trabajadores Sociales ocupan una posición junto a otros especialistas que se dedican a la forma de trabajo más extendida en las sociedades contemporáneas como es el trabajo de cuidados. En tanto sujetos autónomos, los ciudadanos son los cuidadores primarios de sí mismos, de modo que el cuidado de sí antecede al cuidado de los cuerpos materiales y simbólicos institucionalizado y por especialistas.
Entonces, ¿podemos decir que existe una base teórica o núcleo duro de saberes que distingue al TS en el conjunto de las profesiones de cuidado? Como fuera desarrollado en otro lugar (Krmpotic, 2022) una forma de abordar la cuestión es la propuesta por Payne (2001) quien plantea comprender la generación de conocimientos como un proceso interactivo constante entre los profesionales y otras partes interesadas, en lugar de pensar en una base establecida de conceptos y teorías. Asimismo, resulta necesario distinguir entre el proceso metodológico de elaboración de la opinión profesional, de sus contenidos específicos (Wallander, 2012). Respecto de los contenidos específicos, Howe (1996, p. 77) encuentra que el conocimiento del trabajador social se manifiesta “analíticamente poco profundo y cada vez más orientado al rendimiento, hallando que se demanda a los trabajadores sociales más por lo que hacen que por lo que saben, lo que refuerza la dimensión instrumental del ejercicio profesional”. No obstante, Sousa et al. (2020) sostienen que, en lugar de fragmentación y fragilidad en el conocimiento de base, encuentran predominantemente heterogeneidad en las configuraciones que los medios y fines pueden asumir en la intervención, dando importancia a la variable generacional. Destacan que el consenso no debe ser interpretado como sinónimo de uniformidad identitaria, pues una conciencia fuerte puede coexistir con el debate y las controversias internas sobre los conocimientos que mejor sustenten la profesión. Por su parte, el legado basado en una narrativa humanitaria y reformista en la primera parte del siglo XX puede explicar el predominio de fundamentos ideológicos y experienciales más que teóricos como estructurantes de las decisiones profesionales. Matrices conceptuales que pueden vincularse hoy en día con las tres tradiciones teóricas presentes en el origen anglosajón de la profesión: la pragmática, la socialista y la terapéutica (Payne, 1995).
Ahora bien, vayamos al meollo del pensar científicamente. En el campo de las ciencias sociales, podemos reconocer distintos tipos de razonamiento, a saber:
-En la deducción, las premisas sustentan un razonamiento que ofrecerá fundamentos concluyentes para la verdad/validez de su conclusión. De esta forma una conclusión es válida si y solo si sus premisas lo son. La conclusión se infiere necesariamente de las premisas.
-En la inducción, las premisas no necesariamente son válidas, en la medida que ofrezcan buen fundamento. En los razonamientos inductivos no se presenta el problema de la verdad, sino que se estiman como mejores o peores de acuerdo con el grado de verosimilitud o probabilidad que las premisas confieran a sus conclusiones.
-En el caso del razonamiento analógico, se establece una relación entre dos o más objetos según sus características. Es decir, si dos objetos tienen las mismas cualidades, el razonamiento analógico afirma que el resto de los objetos de ese mismo tipo también las poseen. La conclusión que se genera en este caso también es genérica, como ocurre con el método inductivo.
-Finalmente, en la abducción³ En tanto innovación metodológica, algunos investigadores incluyen la retroducción (retroduction), un tipo de razonamiento que busca reconstruir las mejores explicaciones posibles de fenómenos complejos, generalmente cuando la evidencia directa no está disponible. Es una forma de inferencia que parte de los hechos observados para formular explicaciones que podrían haber dado lugar a esos hechos; similar a la abducción, pero con una mayor profundidad y enfoque en el contexto. Se razona acerca de por qué las cosas suceden, incluyendo las razones por las cuales los datos aparecen como lo hacen. Por ejemplo, si encuentras un jarrón roto en el suelo, la abducción podría sugerir una hipótesis como “alguien lo tumbó”, mientras que la retroducción podría implicar una exploración más profunda de las causas, considerando múltiples factores como quién estaba en la habitación, si había signos de alteración, etc., con el objetivo de construir una explicación más completa y refinada. En otro ejemplo: ¿por qué las enfermeras siguen insistiendo en tratar de influir en el sistema médico-hospitalario cuando ya han observado y experimentado que es muy resistente a los cambios? Una consulta de interés puede ser la revista de acceso abierto Methodological Innovations. Véase https://journals.sagepub.com/home/MIO, el razonamiento parte de la descripción de un hecho o fenómeno y llega a una hipótesis, la cual explica las posibles razones o motivos del hecho por medio de las premisas obtenidas. La hipótesis es más bien una conjetura que busca dotar a la conclusión de la mejor explicación o la más probable.

Comparando, en la deducción se obtiene una conclusión “x” de una premisa “y”, mientras que el razonar abductivo consiste en explicar “x” mediante “y” considerando a “y” como hipótesis explicativa. La abducción es como un destello de comprensión, un saltar por encima de lo sabido, por lo que puede valerse de percepciones espontáneas, de la intuición o la imaginación.
De acuerdo con los modos de razonamiento, se pueden identificar diferentes argumentos que pueden estructurar el ISF. Algunos de ellos respetan los criterios científicos tanto en términos metodológicos como teóricos, tales como los siguientes:
-Los argumentos inductivos se basan en la observación de características o cualidades comunes en un sujeto o evento de acuerdo con las premisas (ejemplo: los comportamientos de Ana son comunes a todos aquellos casos de mujeres que transitan un divorcio bajo violencia de pareja, lo que explica su inestabilidad emocional y confusión mental, por lo que resulta vital intervenir para asistir y estabilizar el modo de comunicación vincular).
-En un argumento de tipo deductivo, la conclusión se extrae y refrenda lo que plantean las premisas. Hay una teoría que puede explicar la situación, una clasificación o taxonomía que se utiliza para ubicar los rasgos singulares a partir de lo recogido como manifestaciones, síntomas o señales (ejemplo: las carencias materiales y simbólicas extremas a las que fue sometida Ana desde su niñez explican la imposibilidad de asumir sus responsabilidades actuales en la crianza y cuidado de sus hijos en un nivel mínimamente aceptable).
-En un argumento de tipo abductivo las manifestaciones, síntomas o señales serán las premisas que permiten armar una conjetura sobre el caso, y desde allí, plantear la conclusión del informe, recomendaciones o el plan de acción. Se describen ampliamente —a partir de una inmersión en el escenario— hechos, contexto, condiciones, para extraer de allí la hipótesis o las razones que van a justificar o explicar la conclusión (ejemplo: los factores personales, familiares y comunitarios descriptos explican la actual inestabilidad emocional, las presiones familiares y un divorcio altamente conflictivo, lo que se manifiesta en los comportamientos de Ana sometidos a arbitraje).
Cuando no se trata de deducir, la cuestión radica en discernir el carácter del observador. Por un lado, este puede observar y registrar indicios de patrones latentes, los que se revelan en el proceso de indagación, y que luego analiza a partir de las teorías existentes sobre esas configuraciones. Por otro, el lugar del observador puede jugar un papel más activo, en el que se verá afectado e implicado en su interpretación. Emerge el requisito de reflexividad respecto de los propios preconceptos, posiciones y puntos de partida. Clarke (2005) resaltará desde la tarea de investigación, que —como observadores expertos— llegamos al objeto/caso/situación ya “sabiendo” de alguna manera, ya “influidos”, ya “afectados”, ya “infectados”. En lugar de descubrir o develar, lo que hacemos es construir unas “otras” realidades (Charmaz, 2006). Tal reflexividad supone que podemos considerar sin imponer, pues al decir de Dey (1993) hay una diferencia entre una mente abierta y una cabeza vacía.
Asimismo, debe señalarse que también hay un tipo de argumentos basados en hechos, que se sustentan en pruebas verificables y conducen a conclusiones difíciles de refutar o de contraargumentar. Otras veces, se apela a argumentos de autoridad, cuando un enunciado se justifica y se valora en la medida que lo expresa una persona o institución que se considera fiable o con autoridad (ejemplo: la directora de la escuela afirma que los hijos de Ana se encuentran en completo estado de indefensión; el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia —UNICEF— recomienda que …; el doctor X, médico tratante de Ana sostiene la necesidad de…). Por su parte, los argumentos afectivos apelan a sentimientos o creencias para explicar la idea que se está presentando (ejemplo: reconstruyendo la historia de maltratos y resiliencia de Ana, debiera atenuarse la pena por el delito cometido...). Los argumentos basados en la experiencia personal se caracterizan por la tendencia a la generalización hacia un conjunto típico de casos. De carácter subjetivo, constituyen también una fuente de conocimientos, aunque poco fiables en términos científicos y, a veces, conducentes a conclusiones erradas o ampliamente debatibles. Algo similar ocurre con los argumentos que recurren a los valores morales con pretensión universal para sostener una afirmación, por ejemplo, apelando a la igualdad, el amor, la justicia, el respeto, etc. en juicios sobre lo justo o lo correcto (ejemplo: el caso de Ana es uno más entre tantos de los casos de urgencia atendidos en este Servicio Social, por lo que sería correcto y justo darle prioridad). Estas otras formas de argumentar pueden acompañar o complementar el razonamiento, aunque con menor grado de robustez científica.

Aspectos técnico-operativos de la práctica forense

Con base en lo antedicho, se considera a la práctica forense del trabajador social como un espacio privilegiado de producción de conocimiento, pues rompe con el aparente distanciamiento entre la producción de conocimiento y la práctica, evidencia su carácter científico por fuera del exclusivo espacio académico, y responde a la expectativa de una práctica experta por parte de las instituciones convocantes y la ciudadanía. Ello implica una sobreexigencia al profesional, quien precisa asumir una cultura científica en lo atinente al desarrollo de su labor, su posición, visibilidad y reconocimiento.
Sin dudas, en este punto, la cuestión de la objetividad continúa siendo un elemento central. Por momentos domina una perspectiva ideológica y, en otros, la carga de la cientificidad se traslada al método. La epistemología actual —tanto en las ciencias fácticas como en las ciencias humanas— ya ha puesto en cuestión la noción de lo real, en el sentido de la polarización entre hechos observables y significados. Hoy, todo hecho se constituye en contextos teóricos determinados y el observador participa de su construcción. Se acepta que el sujeto no es neutral, pero puede ser objetivo⁴Una alternativa puede ser la objetividad posicional (Sen,1995; Nagel, 1986) desarrollada en Krmpotic (2012). . Las situaciones, los hechos y sus elementos son tanto reales como sociales y narrados; es decir que hay en simultaneo hechos, poder y discursos. En el caso de la administración de justicia, si, por ejemplo, se arbitra en un conflicto familiar generado a partir de una situación de abuso infantil, ello remitirá a unos sujetos involucrados, a unas prácticas desenvueltas en espacio y tiempo, y a un constructo conceptual “el abuso infantil” que subyace en la definición del problema público, fundamenta la norma jurídica y rige la valoración social, la penalización, el tratamiento y la rehabilitación. En la interacción de los tres elementos los especialistas reconstruyen el hecho a la luz del método científico, pero a la vez, bajo un encuadre legal y administrativo.
Mediante el ISF, el profesional registra y documenta, informa y argumenta. Si bien puede vincularse con otros informes sociales (propios o ajenos, en un mismo o en diversos trámites), cada pieza constituye una unidad de sentido. Por ello, resulta necesario tanto revisar su consistencia interna y metodológica como asegurar el resguardo de unos mínimos éticos. La validez metodológica se robustece en la medida en que se incorporan más fuentes, técnicas, documentos, etc. Ello permite poner en práctica un control cruzado entre datos obtenidos sea por diversas fuentes, o sea por distintas técnicas, con el fin de hallar puntos de convergencia y divergencia que resulten sensibles o afecten al problema, garantías o conflicto que se arbitra. En la medida en que se amplía el campo de observación y más voces y percepciones son incorporadas, habrá mayor probabilidad para la divergencia, lo cual resulta en una condición básica de la tarea científica. El carácter científico de una indagación justamente no trata de confirmar las definiciones previas y preconceptos que establecen el Poder Judicial y la Administración Pública, cargadas de autoridad y lenguaje especializado, sino por el contrario, de poner en duda, de suspender los juicios, en la medida en que —como trabajador social— se escucha, atiende, cuida y resguarda intereses, saberes y percepciones en espacios multiactorales. Estas previsiones permiten evidenciar tanto la honestidad intelectual de quien suscribe el informe como garantizar que los datos, interpretaciones y juicios que constituyen el diagnóstico social sean consistentes y fiables. Particularmente, cuando las situaciones nos exigen respuestas diferentes a las de rutina, es dable observar cómo los profesionales recogen fragmentos de diferentes discursos y construcciones teórico-prácticas y los articulan en función de las necesidades puntuales, muchas veces de manera instrumental. Los fragmentos seleccionados pueden responder a esquemas conceptuales propios o de otros campos de las ciencias sociales y humanas. Debe prestarse atención a ello, puesto que la base de conocimiento se actualiza en relación con los valores personales de los profesionales y de los sujetos con los que se interviene, lo que demanda una reflexividad atenta en cada decisión profesional (Salcedo Megales, 2013).
Resumiendo, el carácter científico exige de un ISF los siguientes aspectos clave:
a) Claridad y precisión: supone evaluar si los datos están presentados de manera clara y precisa, sin ambigüedades. La información debe ser específica y detallada, evitando generalizaciones que puedan llevar a interpretaciones erróneas.
b) Coherencia temporal: se trata de asegurar que los datos sean consistentes a lo largo del tiempo. Esto implica revisar si la información sobre la situación de convivencia, económica, laboral, de salud, etc. se mantiene estable o muestra cambios explicables.
c) Relevancia: verificar que los datos sean pertinentes y directamente relacionados con el objetivo del informe. Información irrelevante puede desviar la atención de los aspectos más importantes.
d) Verificación cruzada: comparar los datos obtenidos de diferentes fuentes para identificar discrepancias y confirmar la información. Por ejemplo, contrastar la información proporcionada por un individuo con la obtenida de otros miembros del grupo primario significativo, o de registros oficiales o entrevistas con terceros. Del mismo modo, contrastando con datos obtenidos mediante otras técnicas como la observación, o la lectura de documentos, constancias probatorias o bases de datos oficiales.
e) Consistencia interna: revisar que no haya contradicciones dentro del propio informe. Todos los datos y conclusiones deben estar alineados y respaldarse mutuamente.
f) Actualización: asegurar que los datos sean recientes y reflejen la situación actual del individuo o grupo evaluado. Datos desactualizados pueden llevar a decisiones incorrectas.
g) Documentación y fuentes: evaluar la calidad y fiabilidad de las fuentes de información utilizadas. Fuentes bien documentadas y reconocidas aumentan la credibilidad del informe.

Veamos en lo que sigue un detalle de las tres dimensiones consideradas fundamentales en el instrumento base.

Consistencia técnica

Este parámetro implica revisar que no haya contradicciones dentro del propio informe y que su lectura sea clara y conducente. Los datos, afirmaciones parciales y conclusiones deben respaldarse mutuamente procurando evitar malentendidos, los que luego podrán ser objeto de observaciones y cuestionamientos durante el proceso administrativo o judicial. Califica la secuencia descripción-diagnóstico-conclusión-recomendaciones, e implica revisar el argumento y conclusiones al que llevan los datos expuestos y ordenados en los siguientes acápites:
-Aproximación al caso, objetivos y apartado metodológico, con la definición del objetivo de intervención profesional (dados los puntos de pericia o motivos de la solicitud), una síntesis de los antecedentes del caso y detalle de la estrategia metodológica y técnica aplicadas en tiempo y lugar.
-Descripción amplia y densa, siempre orientada por los objetivos profesionales en respuesta a la solicitud. Aquí resulta clave el control cruzado que permita —mediante el contraste— verificar la validez de los datos recogidos e informados.
-Diagnóstico social: supone la revisión de los conceptos-clave que articulan las inferencias, si se muestran correlaciones, jerarquías, nuevos elementos, completud e integración de las distintas visiones sobre el problema o litigio.
-Discrepancias: ítem relevante en la revisión de consistencia, al destacar la importancia de identificarlas, ya sea entre fuentes o dentro del mismo informe, o de las acciones asumidas en consecuencia.
-Opinión/conclusión profesional: robustez del argumento, conciso, claro y afirmativo en relación con los puntos de pericia, hipótesis judicial o motivo de la solicitud.
-Recomendaciones/plan de acción: revisar que exhiban con claridad el enfoque de las recomendaciones, su justificación y un horizonte práctico.
-Presentación general del texto: incluye desde la consideración de los aspectos ortográficos y gramaticales, así como de los usos de conectores y transiciones para dotar acabadamente de las dimensiones de espacio y tiempo al relato, hasta el cuidado de los aspectos vinculados con el uso estereotipado, sexista o discriminatorio del lenguaje.
Vale aclarar que si bien los ítems y contenidos que conforman la fase descriptiva pueden asumir diferente terminología, siempre deben reflejar un barrido amplio de los aspectos personales, familiares y comunitarios puestos en relación con el conflicto en el que se interviene, y formar parte de una intervención desde la especificidad del TS. Cuando implican trayectoria deben exhibir coherencia temporal. Ello significa que la secuencia es la que deviene del caso, eventos y sus protagonistas, no del calendario de la tarea profesional, salvo que se trate de un informe de seguimiento o monitoreo de medidas adoptadas.

Validación metodológica

Este parámetro remite a la combinación de fuentes, técnicas y tecnologías y el control cruzado de los datos obtenidos ya sea desde diversas fuentes o mediante la triangulación de técnicas. Se recomienda tener en cuenta las técnicas y tecnologías aplicadas o que se pudieron haber aplicado; las fuentes primarias alcanzadas, los documentos probatorios a la vista constatados, otros documentos, datos estadísticos o bibliografía consultados. La cantidad y alcance de los controles cruzados realizados permite valorar las convergencias halladas, lo que fortalece la interpretación diagnostica, así como las discrepancias encontradas, lo que conduce a revisar la interpretación dominante y abrir nuevos interrogantes.
Aquí el óptimo sugiere que una mayor cantidad de combinaciones o cruces no solo asegura mejor fundamentación al contenido de las afirmaciones, sino que también amplía y deja planteados contrastes o controversias. Por ejemplo, ante un planteo de vulnerabilidad y riesgo de una persona que vive sola, y sobre quien se presenta una situación de abandono o enfermedad, cabe tanto la ampliación de la versión por lo general del denunciante como la verificación de información sensible al caso mediante búsqueda, indagación, lectura, entrevista, observación, etc. a miembros del grupo familiar, vecinos del entorno, instituciones que tienen o tuvieron contacto con la persona, a sus redes sociales, mediante trámites, gestiones o procesos interventivos o burocráticos. Esto es, todo aquello que podremos luego graficar de manera válida y fundada (en la medida que hemos asumido algún tipo de objetividad y agotado —en los plazos disponibles— las posibilidades de obtención y verificación de datos) en un genograma, en un ecomapa o en caminos institucionales o clínicos, entre otras alternativas.

Mínimos éticos

Aluden al horizonte ético de la profesión. Aunque los códigos deontológicos establecen, en general, normas que regulan la actividad, responden más bien a una ética de los fines profesionales. En menor medida, establecen orientaciones relativas a una ética de los medios (Heller, 1995). En este sentido, es necesario recuperar la dimensión práctica de la ética, es decir, aquellas pautas que regulan las relaciones entre profesionales y usuarios, así como las relaciones entre otros colegas y especialistas y con sus fuentes de referencia (Aguayo Cuevas, 2012). A modo de ejemplo, una cuestión es que un trabajador social realice entrevistas para conocer los problemas que afectan a determinados niños, con amplios conocimientos de la técnica de entrevista en sus condiciones y efectos, pero con escasa formación específica para realizar entrevistas con niños. Distinto es llevar adelante la práctica omitiendo —con o sin conciencia de las consecuencias— aspectos como el acuerdo de los directamente involucrados (niños y familia), la exigencia de capacitación, la preparación previa y sus fuentes, la necesidad de consenso con el equipo de trabajo, es decir, sin respetar pautas profesionales explícitas como implícitas. No basta con hacer algo para proteger al niño (ética de los fines), importa también cómo se lleva a cabo la acción (ética de los medios).
Por su parte, sabemos que antes de embarcarnos en la acción, todavía en el plano de la deliberación o anticipación mental todo puede dejar de hacerse. En cambio, una vez ejecutado un acto ya está en el mundo, reforzando los actos de los otros o en conflicto con ellos, por lo que ya no poseemos el pleno control. Al decir de Schutz (1974) los actos mentales son reversibles, pero las acciones son irreversibles. Sobre estos actos o precedentes que hemos creado aplica la responsabilidad. Al respecto, puede ser útil traer al presente a Heller (1995), quien reconoce una distinción relevante entre la responsabilidad retrospectiva y prospectiva. La primera implica que somos responsables de algo que hemos hecho, o dejado de hacer cuando deberíamos haberlo hecho. Aquí la acción presenta en general mayor gravedad que la inacción. No obstante, los elementos de la inacción son relevantes para la profesión: puedo alegar ignorancia o desconocimiento, el propio interés o el interés institucional, y, por extensión, sobre las consecuencias. Si hubiera intervenido podría haber empeorado la situación, o puedo valorar que las consecuencias de la inacción son mínimas, o simplemente que no hubieran hecho mella, por lo que justifico la inacción. En cambio, la responsabilidad prospectiva implica unas obligaciones, unas promesas que acompañan a la posición profesional proyectada al futuro, y que, además, refiere a un plural institucionalizado. El profesional se ve atravesado por obligaciones que emanan del cargo, tomando decisiones, recibiendo presiones y con deseos e intereses implicados en cuestiones de simple rutina, o que van más allá y abarcan el compromiso de asumir la responsabilidad si ocurre algo inesperado o técnicamente imprevisible.

De esta manera, la valoración que podemos hacer sobre las consecuencias de nuestras acciones puede orientarse de modo retrospectivo o prospectivo. El juicio retrospectivo supone estimar las consecuencias a partir de la actualidad de unos resultados que podemos visualizar, aceptando la responsabilidad en tanto resultado de la acción, y, por lo tanto, los elogios o los cuestionamientos en el presente. En cambio, el juicio prospectivo se refiere a un tiempo futuro, es decir a un resultado todavía no establecido o a cuyo conocimiento no accedemos de manera simple⁵Esta situación se torna problemática y hasta angustiante en intervenciones por única vez, en la participación aleatoria en expedientes, en acciones/apariciones puntuales en el marco de un proceso judicial o administrativo en desarrollo.. Como no tomamos conocimiento directo de él, aquí el actor debe esforzarse en lograr un cuadro mental de las consecuencias probables de una acción antes de acometerla. Hay de fondo tanto un juicio práctico como teórico: el juicio práctico es realizado sobre el resultado, el juicio teórico sobre las circunstancias y la cadena de causalidad que —según su mejor saber y entender— ha de ser desencadenada por la acción.
Por su parte, es propio de una práctica científica aplicar categorías de análisis con conciencia y cautela, evitando la reducción de la realidad a indicadores que oscurecen la particularidad, la conciencia subjetiva, la humanidad de aquel sobre quien se predica. Juan es pobre y presenta conductas adictivas, pero además es Juan (procurando no reducirlo por efecto del significante). ¿Qué tiene él en común y distinto de todos aquellos que presentan similares condiciones de clase? De la generalización a los prejuicios y estereotipos hay apenas un paso. Solo cuando, a la inversa, descomponemos, por ejemplo, la categoría clase social en sus criterios de análisis (compuesta por cuatro indicadores clave desde mediados del siglo XX como son el ingreso, la ocupación, la educación y la vivienda), y tratamos de imaginar a Juan en el mundo real, el esfuerzo de ordenación conceptual empleado se puede volver hasta absurdo dando cuenta de los efectos perversos de la generalización en un informe social o pericial; y, lo más relevante, la débil comprensión que alcanzamos respecto del problema de Juan (Krmpotic, 2022).
Conocidos los principios rectores presentes en los códigos de ética de las organizaciones profesionales, interesa aquí detenerse en la práctica y en los medios técnicos utilizados. En el instrumento de autoevaluación antes mencionado, se reconocen los siguientes aspectos:
-Lo referido al consentimiento informado; esto es, ¿se explian los propósitos, el cómo se protegerá la privacidad, así como los efectos de las develaciones y alcances del proceso en curso?
-Lo atinente a las regulaciones sobre secreto profesional, confidencialidad, privacidad y protección de datos respecto de información sensible.
-El reconocimiento de la existencia de conflictos de intereses entre las partes o entre instituciones y servicios que inciden o podrían incidir en la situación a conocer y arbitrar, y su incidencia en la posición profesional.
-Lo relacionado con los recaudos y acciones a emprender en situaciones de emergencia, incapacidad de un sujeto para dar consentimiento o ausencia de este, aparición de un riesgo para la seguridad de alguien.
-La consulta con supervisores, profesionales especializados, autoridades, asesores legales, comités éticos, para obtener orientación sobre cómo proceder de manera profesional, ética y legal.
-Las previsiones y correcciones ante el uso de lenguaje deshumanizante; por ejemplo, cuando en lugar de personas se hace referencia a etiquetas (denunciante, pretenso adoptante, imputado, etc.) o apreciaciones que reflejen sesgos, desviaciones cognitivas o violencia epistémica, como los de género, origen étnico, clase social, condición o posición (por ejemplo, cuando se hace referencia a alguien solo en su condición de madre, cuando también es mujer, pareja, hermana, hija, tía, etc.; o de hijo, cuando también es hermano, padre, nieto, sobrino, etc.), y todo lo que ello trae aparejado en la dinámica familiar y comunitaria.
-Las precauciones referidas a la seguridad en el almacenamiento y preservación de los registros e informes.

Conclusiones

Se ha profundizado en la problemática de la cientificidad del Trabajo Social en la producción de informes sociales forenses. Para ello, se presentó un breve contrapunto histórico, se abordaron los tipos de razonamiento científico en las ciencias sociales y la estructura de los argumentos que ordenan el pasaje de la descripción a la interpretación en el proceso de investigación con fines diagnósticos. Los criterios científicos fueron analizados en perspectiva evaluativa, atendiendo a tres dimensiones fundamentales como las de consistencia, validez metodológica y mínimos éticos.
La variedad de fuentes, técnicas y tecnologías utilizadas, la profundidad y grado de verificación de los datos, el alcance de la interpretación, por cierto dependerán del tipo y motivo de la solicitud, de la complejidad del conflicto en que se trabaja, de la disponibilidad de medios, de las habilidades del profesional y de la temporalidad del proceso de intervención. El o la trabajadora social tomarán tanto las decisiones técnicas y teóricas como los recaudos éticos que consideren pertinentes en cada caso singular. Cada singularidad será abordada en un momento determinado de la vida personal y social, que reúne lo sincrónico, referido a la estructura de una geografía material y simbólica de prácticas, normas, razones, instrumentos, beneficios, etc., y lo diacrónico, que alude a la dinámica histórica de esa geografía, es decir, a cómo esta se transforma a lo largo del tiempo.

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Claudia Sandra Krmpotic

Perfil académico y profesional: Doctora en Servicio Social, con un postdoctorado interdisciplinar en Ciencias Humanas. Magister en Ciencia Política. Licenciada en Servicio Social. Investigadora principal del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) y directora del Centro Argentino de Etnología Americana (Buenos Aires, Argentina). Profesora de grado y posgrado en la Universidad de Buenos Aires (UBA) y en diversas universidades de la Argentina y Sudamérica.
claudia.k@conicet.gov.ar
Identificador ORCID: 0000-0001-8969-9345

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1. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET). ↩
2. El formulario Eva-base (V.01/2024) elaborado por la autora y con revisión por pares, cuenta con una guía, un glosario y un formulario autoadministrado que presenta tres módulos y un total de 70 ítems a considerar, con dos opciones de valoración: una base cualitativa que puede cuantificarse. La lista de control/checklist presenta para los módulos 1 y 2, cuatro opciones que incluyen el no, parcialmente, sí y no corresponde cuando el ítem no sea requerido o exceda el alcance de la intervención profesional en función del espacio institucional o tipo de solicitud. Por su parte, el resultado del ejercicio de validación metodológica del módulo 3 será bajo, medio u alto. En todos los casos la autoevaluación representará un valor entre un óptimo y un mínimo aceptable (registro de la propiedad intelectual en trámite). Contacto: iniciativaplexus@gmail.com ↩
3. En tanto innovación metodológica, algunos investigadores incluyen la retroducción (retroduction), un tipo de razonamiento que busca reconstruir las mejores explicaciones posibles de fenómenos complejos, generalmente cuando la evidencia directa no está disponible. Es una forma de inferencia que parte de los hechos observados para formular explicaciones que podrían haber dado lugar a esos hechos; similar a la abducción, pero con una mayor profundidad y enfoque en el contexto. Se razona acerca de por qué las cosas suceden, incluyendo las razones por las cuales los datos aparecen como lo hacen. Por ejemplo, si encuentras un jarrón roto en el suelo, la abducción podría sugerir una hipótesis como “alguien lo tumbó”, mientras que la retroducción podría implicar una exploración más profunda de las causas, considerando múltiples factores como quién estaba en la habitación, si había signos de alteración, etc., con el objetivo de construir una explicación más completa y refinada. En otro ejemplo: ¿por qué las enfermeras siguen insistiendo en tratar de influir en el sistema médico-hospitalario cuando ya han observado y experimentado que es muy resistente a los cambios? Una consulta de interés puede ser la revista de acceso abierto Methodological Innovations. Véase https://journals.sagepub.com/home/MIO ↩
4. Una alternativa puede ser la objetividad posicional (Sen,1995; Nagel, 1986) desarrollada en Krmpotic (2012). ↩
5. Esta situación se torna problemática y hasta angustiante en intervenciones por única vez, en la participación aleatoria en expedientes, en acciones/apariciones puntuales en el marco de un proceso judicial o administrativo en desarrollo. ↩

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